Al Gobierno no le ha quedado más remedio que aplicar una política de recortes excepcional por su mala cabeza. La catastrófica situación económica, pero sobre todo financiera por la que atraviesa nuestro país, le obligan a ello. Quizás, si cuando a finales de 2007 hubiesen tomado medidas en lugar de negar la crisis que se nos venía encima, ahora no nos veríamos en esta situación. Pero si algo hay que reprochar al Ejecutivo es que los recortes siempre van a cuenta del ciudadano.

                   Por un lado se anuncia que las pensiones se van a calcular sobre veinte o veinticinco años y que para acceder a ella deberán trabajar hasta los 67. Se trata de un reajuste demagógico que trata de demostrar que los esfuerzos contra la crisis incumben a todos, pero no es del todo cierto. Por otra parte, además de las pensiones; al ciudadano le ha caído la supresión de la deducción en la compra de vivienda residencial para quienes ganan más de 24.100 euros anuales. Suma y sigue, ya que en esas dos últimas cuestiones reseñadas hay que añadir la subida en un 10% de la tarifa de la luz, la del I.V.A. aplicada el pasado mes de julio;  la de los impuestos que gravan el tabaco y muy pronto el alcohol; la supresión del cheque bebé y la ayuda de 426 euros a los desempleados sin subsidio de paro, entre otras cosas. ¿Qué vendrá a continuación?.

                   Se intuyen más rebajas de derechos adquiridos y serán los ciudadanos los que al final deben pagar los platos rotos de una gestión ineficaz y en quienes de nuevo recaerá el peso de la crisis.

                                                                  Tarragona