30/03/2010

La reforma del sistema de pensiones ha pasado al centro de la actualidad, y se ha convertido en un tema de debate y preocupación para la gran mayoría de ciudadanos, desde que se hizo público el documento aprobado por el Consejo de Ministros sobre dicha reforma el último viernes del pasado mes de enero.

Las razones de la preocupación, e incluso alarma, están justificadas no sólo por la importancia del actual sistema de pensiones –una de las grandes conquistas sociales y un pilar fundamental del estado de bienestar-, sino también por la forma en que se ha planteado la posibilidad de la reforma.

El documento del Consejo de Ministros no ha sido presentado inicialmente en el foro adecuado, que es la Comisión del Pacto de Toledo. No resulta fácil entender por qué no se ha seguido claramente esta vía desde el comienzo, aunque posteriormente se haya matizado que se trataba sólo de una propuesta.

Tampoco contribuye a calmar los ánimos la rápida cadena de propuestas y rectificaciones, que dan la impresión de inseguridad y precipitación, de falta de criterios claros o de coordinación en el Gobierno del Estado.

Si a esto agregamos lo que gran parte de los jubilados han sentido al ver una reducción real de sus ingresos en la nómina de enero –debido sobre todo al aumento de la presión fiscal tras la desaparición de la “devolución” de los 400 euros-, podemos entender que los ánimos anden algo encrespados.

La importancia del debate sobre la reforma de las pensiones requiere que el análisis y la reflexión al abordarla se haga con la máxima serenidad y responsabilidad, eliminando las simplificaciones y las descalificaciones fáciles.

En primer lugar, hay que dejar bien claro que los cambios, si se aprobaran, no afectarían a los actuales pensionistas, sino a los que se jubilen en un futuro.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que, según los datos que se manejan en los distintos medios, el sistema cuenta con suficientes reservar para hacer frente a las pensiones de los actuales pensionistas. De lo que se trata es de que los futuros jubilados –nuestros hijos, nietos, etc.- también puedan percibir unas pensiones dignas. Hay que garantizar la viabilidad del sistema de pensiones para las generaciones venideras.

Todo el mundo ha oído hablar del aumento de la esperanza de vida y de la disminución de la natalidad, lo que da como resultado una inversión en la pirámide de población, es decir, un envejecimiento de la sociedad, de forma tal que aumentará más el número de perceptores de pensiones que el número de trabajadores activos que hagan sus aportaciones al sistema, con lo cual puede preverse que el sistema peligre en el futuro. Es necesario y racional tomar medidas para que el sistema de pensiones siga siendo viable.

El problema surge al plantear cuáles son las medidas adecuadas: ¿un retraso de la edad legal de jubilación hasta los 67 años (que por cierto podría seguir siendo voluntaria), cuando somos uno de los países europeos que tiene una edad real de jubilación más alta -63 años y 10 meses-?. Hay colectivos que por la naturaleza de su actividad no podrían jubilarse a los 67 años. Además, parece ser que la cuantía de nuestras pensiones es de las más bajas de Europa (según algunos, el importe de las pensiones contributivas en España es el 65% de la media europea –y menos aún las no contributivas-).

Quizás es el momento de que la edad real de jubilación se equipare a la edad legal. Deberían eliminarse las prejubilaciones a partir de los 52 años, de las que se valen las grandes empresas para prescindir de los trabajadores con salarios más elevados, porque parece injusto que dichas empresas hayan utilizado los recursos de la Seguridad Social para mantener o aumentar sus beneficios. Todo el mundo debe arrimar el hombro solidariamente.

La reforma del sistema de pensiones ha de plantearse con todo rigor en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo. Dada la importancia del tema, que es la sostenibilidad del sistema, sería conveniente que en el debate se tuvieran en cuenta las más diversas variables (tipo de profesión, jubilación obligatoria o voluntaria incentivada a los 67 años, número de años para el cálculo de la pensión, periodo mínimo de cotización para acceder a una pensión, etc.) desde la flexibilidad, la racionalidad y, sobre todo, el consenso.

Finalmente, conviene recordar que el planteamiento de este problema no es ajeno a la situación de crisis financiera e inmobiliaria, con el consiguiente paro y disminución de las cotizaciones. Se trata de que los efectos de la misma no la paguen, como siempre, los más débiles.