Hoy en día se habla y se escribe mucho de la transformación de las Fuerzas Armadas pero, a pesar de los nuevos conceptos estratégicos, tanto de España como de los organismos internacionales de los que nuestra nación forma parte, como pueden ser la OTAN y la UE, la función esencial de las Fuerzas Armadas no ha cambiado ni está cambiando. En efecto, las Fuerzas Armadas como máximo órgano coercitivo del Estado, deben estar preparadas para el combate contra cualquier amenaza armada que afecte a la Seguridad del Estado y sus intereses, de sus aliados o de sus ciudadanos. Esa es su razón de ser y para lo que deben estar adiestradas, aunque algunos traten de ocultarlo o tergiversarlo. No son, sin embargo, las encargadas de “hacer la guerra” que es, y ha sido siempre, una responsabilidad del poder político y que, por lo tanto, es el responsable del empleo adecuado de las Fuerzas Armadas, tanto en situaciones de guerra como de conflicto armado, prevención de los mismos o de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros órganos de la Administración. Ya lo decía Clemenceau a comienzos del siglo XX cuando afirmaba que “la guerra es demasiado complicada para dejarla en manos de los militares”. Hoy, más que nunca, está vigente este concepto.

Lo que sí es cierto es que la forma de empleo o aplicación de esta fuerza coercitiva ha variado a través de los tiempos, según las necesidades de la sociedad a la que sirven. No se trata, por tanto, de transformar nuestras Fuerzas Armadas en una ONG como algunos piensan, ni en un cuerpo de protección civil, ni siquiera en una “superpolicía”, sino de adaptar sus estructuras a las nuevas necesidades de la defensa armada de España.

Esta defensa se ve reforzada, hoy en día, por nuestra pertenencia a organizaciones de defensa colectiva, pero no nos engañemos, esto nos proporciona una cierta seguridad ante una amenaza compartida, es decir, sentida también por los demás países de la organización, pero ¿hasta qué punto se involucrarían las demás naciones ante una amenaza no compartida, por ejemplo, ante una amenaza exclusiva a nuestra integridad territorial? ¿Hasta qué punto estarían dispuestos nuestros aliados a utilizar su máximo poder de disuasión, es decir, la disuasión nuclear ante una amenaza que los afectara directamente?

Así pues, España debe principalmente mantener una Defensa Nacional propia e independiente, que garantice “la soberanía e integridad territorial y nuestros intereses”, como dicen nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Defensa (L.O.D.) y que, por lo tanto, contenga un poder disuasorio suficiente para que las potenciales amenazas no sientan la tentación de materializarlas. De acuerdo que esa disuasión no debe ser sólo militar, pero sería suicida pensar que pudiera ser eficaz sin el componente militar. Más aún, esa disuasión militar no debe estar basada solamente en las represalias que hoy en día no son siempre políticamente practicables. Recordemos que, para que la disuasión sea eficaz, es necesario, primero tener los medios adecuados, segundo estar en condiciones de utilizarlos y tercero tener voluntad de utilizarlos y… yo añadiría, y que los protagonistas de nuestras potenciales amenazas sepan claramente que cumplimos los tres requisitos. Pero esto último no corresponde a las Fuerzas Armadas, sino al nivel político.

En honor a la verdad hay que decir que nuestras Fuerzas Armadas están intentando que nuestra Defensa Nacional, por lo que a ellas respecta, tenga esa capacidad. Debemos tener una capacidad de respuesta convencional que haga desistir a cualquier potencial atacante. Por eso son absurdas las voces que se oyen contra la necesidad de carros de combate Leopardo, vehículos Pizarro y helicópteros de ataque para el Ejército de Tierra. Hay que tenerlos y hay que estar instruido y preparado para su empleo. Esto es también cierto para las Fuerzas Aéreas y Navales, que no solo deben estar en condiciones de apoyar adecuadamente a las fuerzas terrestres y garantizar su libertad de acción, sino que deben garantizar la necesaria superioridad aérea y el control de la mar sin excluir, por supuesto, una cierta capacidad de represalia. Por eso siguen siendo necesarios los submarinos, las fragatas modernas y los sofisticados Eurofighter. Todos ellos, repetimos, en número y calidad suficientes para garantizar esta Defensa Nacional.

Estos requerimientos son sin duda los básicos e irrenunciables y si, efectivamente no constituyen la hipótesis más probable de actuación, sí representan la hipótesis más peligrosa de la que siempre debemos estar cubiertos. Sinceramente, creemos que España tiene suficiente capacidad económica, política y humana para garantizar este objetivo frente a las posibles actuales amenazas, a condición, eso sí, de no comprometer los recursos necesarios a otras veleidades aparentemente más relevantes o gratificantes. A este respecto, recuerdo las tentaciones que sentían algunos de nuestros políticos y diplomáticos cuando, especialmente en la UE, otros países no proponían que, para contribuir al esfuerzo colectivo, nos especializáramos en algún área determinada. Siempre respondía que pudiera ser ventajoso a condición de que no se viera comprometida nuestra misión principal.

La segunda misión, segunda también en importancia aunque no en probabilidad, está también contenida en la L.O.D., aunque lógicamente no en la Constitución: “la contribución militar a la seguridad y defensa de los aliados en el marco de las organizaciones internacionales de las que España forma parte”. Esta misión requiere tener fuerzas previstas en clase y número adecuado a la capacidad de nuestra nación, al puesto que ocupa en la escena internacional y a las necesidades de nuestra política internacional. Por supuesto que estas fuerzas no tienen por qué ser diferentes de las destinadas a la misión principal, pero se debe tener previsto siempre lo que puede ocurrir si parte de las fuerzas ofrecidas a OTAN o UE fueran necesarias para hacer frente a una amenaza no compartida. Recordemos lo que ocurrió con el Reino Unido cuando retiró fuerzas de Alemania para recuperar las Malvinas: Francia se ofreció a cubrir su puesto si fuera necesario. En cuanto al tipo de unidades, se debería procurar que proporcionalmente España estuviera representada en la mayor parte posible de las especialidades, con objeto de tener a nuestro personal instruido en ellas. He oído decir varias veces a nuestros políticos, e incluso a nuestros mandos, que nuestra contribución es más que adecuada, no lo discuto, pero la realidad es que nuestro país tiene fama de ser más bien “rácano” cuando se trata de contribuir y, consecuentemente, luego no siempre podemos beneficiarnos y ocupar los puestos y ventajas que reclamamos.

La tercera misión que se deduce de la L.O.D. es la de “colaboración en operaciones de mantenimiento de la paz y estabilización internacional en aquellas zonas que se vean afectadas, la reconstrucción de la seguridad y la administración, así como la rehabilitación de un país, región o zona determinada, conforme a los tratados y compromisos establecidos”. Es decir, dentro de las organizaciones internacionales y, por excepción en algún caso que pudiera ocurrir, como consecuencia de algún tratado bilateral. Decía que esta misión se deduce porque no está solamente en el artículo 15, sino que se completa con el 16 de la citada Ley.

Pues bien, para este tercer grupo de misiones, que son hoy en día las más probables, necesitamos principalmente unas fuerzas terrestres, fundamentalmente ligeras pero protegidas e instruidas en este tipo de misiones que, aunque aparezcan como misiones de paz no excluyen el poder llegar al combate. Además, como estas operaciones suelen dilatarse en el tiempo, hay que prever no sólo el contingente que desempeña la misión sino otros dos más, el que se está preparando para el relevo y el que acaba de volver que tiene que descansar y reciclarse para su misión principal, porque, salvo para los países nórdicos que no tienen ejércitos permanentes, no es rentable el mantener unas fuerzas especializadas en esto. Colin Powell, cuando era el Presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor de los EEUU, decía ya que la mejor unidad y la mejor preparación para este tipo de cometidos es una unidad de combate instruida y perfectamente disciplinada. Es verdad que necesitará un periodo de adaptación, pero no será muy largo. También hay que pensar para este tipo de misiones, el apoyo logístico al despliegue y el transporte, no solo para la proyección de la fuerza sino para su sostenimiento.

Finalmente, y de forma análoga a lo descrito para la segunda misión, será preciso tener en cuenta que si se utilizan unidades de las que se tienen previstas para las misiones definidas aquí como primera y segunda, debe preverse cómo compensarlas en caso necesario y sin disminuirlas por debajo de un mínimo de seguridad. Por ejemplo, parece lógico que, si es necesario, se designen entre otras, unidades de Artillería o de Carros, para ser empleadas como fusileros, pero habrá que valorar el detrimento que sufrirá con ello la capacidad de apoyo de fuegos y de potencia acorazada de la Fuerza Terrestre, ya que sus materiales habituales quedarán en sus acuartelamientos. Habrá que dejar, por ejemplo los carros de combate y los cañones en los hangares mientras deberán utilizar vehículos de ruedas protegidos, mucho más adecuados a la nueva misión.

Algo parecido está ocurriendo con las fuerzas aéreas y navales. Las últimas misiones están demostrando, por ejemplo, que el apoyo aéreo de los modernos cazabombarderos no es siempre lo más adecuado y que el utilizar modernas fragatas y sofisticados aviones antisubmarinos contra los actuales “piratas” es algo así como matar moscas a cañonazos. Entre otras razones suponen un coste desproporcionado en mantenimiento y desgaste del material para acciones que podrían llevarse a cabo con medios más sencillos y baratos e igual, o incluso, más eficaces.

Como consecuencia de todo ello, habría que prever el rediseñar el Ejército de Tierra en el que, repetimos, siempre sin sobrepasar unos límites mínimo y máximo, algunas especialidades se verán así sobredimensionadas con respecto al patrón clásico o convencional: tal es el caso de la Sanidad, las Transmisiones, los Zapadores o la Infantería ligera, mientras otras como puede ser la Artillería de Campaña o las unidades acorazadas se verán disminuidas. Esto es, más o menos, lo que está haciéndose. Algo parecido habría que hacer en el Ejército del Aire y la Armada y en el conjunto de las Fuerzas Armadas, respecto al peso relativo de cada uno de sus componentes. En la Escuela de Estado Mayor, una de las reglas de oro solía ser la de que cuando se prepara una decisión para una operación o una organización, siempre debe hacerse teniendo en cuenta las distintas hipótesis de planeamiento, de forma que se tomara como base la hipótesis más probable pero se quedara siempre a cubierto de la más peligrosa.

Un cuarto grupo de misiones lo constituyen las operaciones derivadas de las misiones de “preservar, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas, la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad y otras necesidades públicas, conforme a los establecido en la legislación vigente”, lo que incluye “el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo y a las instituciones y organismos responsables de los servicios de rescate terrestre, marítimo y aéreo, en las tareas de búsqueda y salvamento”. Esto está incluido en la Ley y las leyes hay que cumplirlas, pero es que además, se trata de algo perfectamente lógico, lo que ya no es tan evidente es la interpretación y desarrollo que se ha hecho de ella.

Para este tipo de operaciones no deberían preverse, necesariamente, ningún tipo de unidades ni de organización especial dentro de las Fuerzas Armadas, puesto que es distraerlas, a ellas y a sus recursos, de sus cometidos específicos y exclusivos, como dijimos al principio del artículo. Para esos cometidos deberían existir las organizaciones correspondientes: policía, bomberos, protección civil, servicio de emergencias, búsqueda y salvamento… en cantidad y calidad adecuada para las situaciones de emergencia razonablemente previsibles, tanto en España como en el extranjero. Por supuesto que, cumplido esto y cuando la magnitud de la necesidad rebasase las capacidades de los órganos responsables, las Fuerzas Armadas deberán acudir en su ayuda y refuerzo con todos los medios de que dispongan. ¡Faltaría más!. Lo mismo que, llegado el caso, con el resto de medios civiles disponibles, pero lo que no puede justificarse, salvo si se esgrimen razones o mejor dicho errores políticos, es contar de entrada con las capacidades de las Fuerzas Armadas y, menos aún, organizar permanentemente unidades para ello. Las Fuerzas Armadas no deberían estar para resolver errores de legislación, organización o de planeamiento.

Y no valen las comparaciones con el extranjero, porque comparar el Ejército con, por ejemplo, la Guardia Nacional de EEUU, no es totalmente correcto y, aunque lo fuera, que se haga en el extranjero no quiere decir que sea lo adecuado. Otro caso distinto es el de la colaboración o apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, lógicamente, no pueden estar diseñadas para emergencias extraordinarias.

Por supuesto que cualquier solución organizativa pasa por aceptar determinados requerimientos políticos, frecuentemente contrarios a los más elementales principios castrenses y, además, en cualquier caso la solución debe adoptarse con delicadeza y flexibilidad y respetando tradiciones y capacidades existentes, pero siempre hasta un cierto punto, pues se trata de optimizar recursos y de lograr unas Fuerzas Armadas más eficaces y eficientes, en cuyo diseño deben equilibrarse la flexibilidad y la generalidad con la necesaria especialización, evitando caer en redundancias innecesarias.

 (C.S.D.E.S.C.)

Día 23 de junio del 2010